El presidente de la Unión de Juristas de México agregó que analiza la posibilidad de demandar al presidente Felipe Calderon y al director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes.
El gobierno federal no está respetando cerca de 350 mil suspensiones definitivas que fueron concedidas a burócratas inconformes con la nueva Ley del ISSSTE y que obligan a la Dirección General de ese instituto a no aplicar los descuentos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores que cuentan con esa protección legal, denunció ayer Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.
Agregó que analiza la posibilidad de demandar ante un juez al presidente Felipe Calderon, como superior jerárquico, y al director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, para que se les inicie una averiguación previa por presunto desacato judicial.
Además, acusó a diversas autoridades gubernamentales de estar retrasando los informes justificados a los dos jueces auxiliares que conocen de las demandas de amparo contra ese ordenamiento, motivo por el cual ayer se tuvieron que posponer decenas de audiencias constitucionales.
Eduardo Miranda es además de presidente de la Unión de Juristas de México, asesor legal de cientos de maestros y empleados burócratas que interpusieron dichas demandas de garantías.
Sobre las peticiones de amparo interpuestas a partir de enero pasado, ahora contra los actos de aplicación de la nueva Ley del ISSSTE, Miranda Esquivel refirió que en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro ya se tienen registradas poco más de 19 mil demandas de garantías. Se trata de documentos que agrupan en algunos casos hasta 600 quejosos.
El presidente de la Unión de Juristas de México hizo énfasis en el hecho de que la Dirección General del ISSSTE no está dando cumplimientos a las suspensiones provisionales que se han concedido a varios burócratas.
“Estamos hablando que están violando tanto las suspensiones correspondientes a los juicios abiertos el año pasado, que son 150 mil aproximadamente; y en el caso de las demandas interpuestas en enero pasado son unas 200 suspensiones que no se están acatando”, dijo.
Refirió que esas suspensiones obliga a las autoridades responsables a que no apliquen los efectos de la nueva ley del ISSSTE. Sin embargo, “conocemos el caso de cerca de 350 mil trabajadores que se les están efectuando los descuentos al SAR; se les están enviando los formatos para que prematuramente y de manera obligatoria elijan uno de los dos regímenes de pensión establecida, o se les están transfiriendo sus fondos al Banco de México para depositarlos en cuentas individuales, lo cual presume una confiscación.
“Además, hay casos particulares de trabajadores que tenía dos pensiones y les están quitando una de ellas pese a que cuentan con la suspensión”, añadió.
En otro orden, Miranda Esquivel informó que están por recibir la respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien la semana pasada le solicitaron una audiencia pública.
“Queremos que nos reciba en compañía de peritos especialistas en materia de seguridad social y cálculos actuariales, y de una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; le vamos a exponer nuestros argumentos”, indicó el jurista.
Via: La Jornada
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