La prestigiada revista The Lancet, publicó una serie de documentos y guías para la atención de la desnutrición materna e infantil. En sus documentos, señala que en los enfoques de salud pública, la nutrición del niño, aún antes del nacimiento, debe ser una de las prioridades de los gobiernos pues de hecho, el desmedro en el peso y talla de las niñas y niños subnutridos comienza desde el útero, dado que, la desnutrición de las mujeres gestantes, provoca graves repercusiones en la salud y en las capacidades intelectuales de los niños.
The Lancet sostiene, con base en evidencia científica recabada en todo el mundo, que más de una tercera parte de las muertes maternas e infantiles tienen como principal causa la desnutrición, es decir, uno de cada 3 niños que muere antes de cumplir su primer año de vida, fallece a causa de una nutrición deficiente, lo cual es, desde el punto de vista que se le observe, éticamente inaceptable y representa uno de los mayores reclamos éticos de nuestras sociedades.
En países como el nuestro, los programas de atención materno-infantil no han logrado generar la integralidad en sus acciones ni se ha logrado tampoco la vinculación de diferentes programas públicos que permitan generar acciones de prevención y de atención oportuna pues, de acuerdo con la información de la CEPAL, las muertes infantiles están relacionadas en la mayoría de los casos con el embarazo adolescente, con la pobreza y la carencia de recursos, así como con la falta de accesibilidad a bienes y servicios básicos y a atención sanitaria oportuna.
En esa lógica, la CEPAL destaca sobre todo las condiciones de desigualdad que persisten entre los países de la región (entre México y Bolivia, por ejemplo), y al interior de los países, la mayor persistencia de altas tasas de mortalidad materna e infantil que se registran en las zonas rurales y en las poblaciones y comunidades indígenas. Al respecto debe destacarse, sin embargo, que aun cuando nuestro país ha logrado importantes avances en la materia, si nos comparamos con países con un nivel de desarrollo humano similar, como es el caso de Chile o Cuba, México mantiene tasas de mortalidad infantil de prácticamente el doble de lo que se registra en aquellos países; y esto se explica básicamente por dos razones:
El desmantelamiento de un sistema público de bienestar que aun con el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación, está muy lejos de alcanzar coberturas universales que garanticen el cumplimiento del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y a la educación que nuestra Constitución reconoce para nuestras niñas y niños en su artículo 4º; y el otro, la ausencia de una política de Estado que tenga como prioridad la garantía del interés superior del niño.
En esa lógica, la visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos a nuestro país debe cobrar una mayor relevancia y debe constituir una oportunidad para que la discusión sobre los derechos humanos pueda trascender el debate sobre el tema de la seguridad pública, y abordar cuestiones de nueva generación, tales como la posibilidad de hacer vinculantes los tratados internacionales que México ha signado ante la comunidad internacional, así como la exigencia de que el debate sobre los derechos humanos incluya a los derechos sociales y con ello, exigir su pleno cumplimiento a través de la construcción de un nuevo Estado social de derecho que nos dé a todos certidumbre y garantías mínimas para una calidad de vida digna.
Debe recordarse también que en las Recomendaciones de la alta comisionada de los Derechos Humanos al Estado mexicano, en materia de cumplimiento de los derechos de los niños, incluye la necesidad de reducir en México las altas tasas de mortalidad por accidentes, por actos de violencia y por descuido de las niñas y los niños, sobre todo en el entendido de que nuestro país fue considerado en el estudio del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, como uno de los países de mayor incidencia de la violencia contra la infancia.
El tema de los derechos de los niños es un tema fundamental para cualquier Estado en la definición de sus políticas públicas; en la construcción de sus programas para la garantía de los derechos sociales y en la definición de las prioridades públicas. Lamentablemente México y su gobierno no han articulado una política efectiva ni estrategias claras para la atención de la infancia en esta administración, con el añadido de que ya se ha perdido el primer año de gobierno en materia de protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.
Regresando al contexto global, es de destacarse que en todo el mundo, millones de niños y sus madres mueren cada año debido a la subnutrición; y de acuerdo con The Lancet, 13 millones de niñas y niños padecen anualmente la “restricción del crecimiento intrauterino”; 112 millones de niñas y niños presentan bajo peso, y más de 178 millones de niñas y niños en todo el planeta padecen del hambre; lo peor es que de éstos, 160 millones se concentran en tan sólo 36 países, lo que evidencia la terrible e inaceptable desigualdad global de la que somos testigos en el siglo XXI.
A estas condiciones, habría que agregar, advierte The Lancet, la enorme proporción de niñas y niños con sobrepeso y obesidad, lo que implica severos riesgos para su salud y probables restricciones de capacidades y oportunidades de una vida futura saludable. En México, se ha dicho ya hasta el cansancio, este es uno de los mayores problemas de salud pública y aún no hemos sido capaces de generar los programas de prevención y asistencia nutricional adecuados, mientras que cerca de 3 de cada 10 de nuestras niñas y niños viven ya con obesidad.
Uno de los mensajes clave que envía la revista The Lancet es que la nutrición y el derecho a la alimentación deben ser una de las principales prioridades de los gobiernos, tanto a nivel nacional como en los gobiernos estatales y locales, bajo el entendido de que la nutrición es un componente central del desarrollo humano, económico y social de cualquier país.
Hoy en México tenemos la oportunidad de construir un país apropiado para las niñas y niños, comenzando sin duda, por la garantía de los derechos a la supervivencia, a la salud, a la alimentación y a la educación.
México aún tiene una enorme cantidad de niñas y niños que no debieran morir porque evitarlo está a todas luces a nuestro alcance y en las posibilidades, tanto de los programas públicos como de las capacidades presupuestales. El problema está en el diseño y en el enfoque de un gobierno que continúa privilegiando la inversión en carreteras y puentes, sobre la generación de capacidades humanas y sociales, en aras de construir una nación más justa.
Via:www.cronica.com.mx
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