Los estudiantes mexicanos Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, murieron en el ataque colombiano del uno de marzo, en que resultó herida la también mexicana, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Morett Álvarez.
Habían llegado de Quito horas antes de la incursión colombiana en pos de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, la organización guerrillera surgida en 1966. Dado que habían asistido hasta el 27 de febrero al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, no es creíble que su presencia en el campamento guerrillero fuera parte de su adiestramiento para incorporarse a la insurgencia armada. También indica esa imposibilidad el hecho de que vistieran de civiles y estuvieran inermes, durmiendo, al ocurrir el bombardeo y el avance terrestre del Ejército colombiano sobre las tropas insurgentes.
Normalmente, un Gobierno cuyos nacionales mueren a manos de tropas de otro Gobierno, debe protestar por el hecho, y demandar explicaciones al agresor, y hasta fincarle responsabilidades en instancias internacionales. Pero esa normalidad carece de efectos en tratándose de una relación privilegiada como la que mantienen los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, gobiernos derechistas los suyos en una latinoamerica insólitamente poblada de regímenes de tendencias izquierdistas.
En vez de protestar ante Bogotá, la Cancillería dijo el viernes pasado que “es preocupación del Gobierno Federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República investiga cómo se pagaron el viaje y la estancia en Ecuador los mexicanos que asistieron a la conferencia bolivariana en Quito, entre ellos los que viajaron al campamento de las FARC. El Cisen, por su parte, se afana en determinar la conexión mexicana con esa guerrilla.
Por otro lado parece inequívoca la información que vincula a las FARC con bandas mexicanas de narcotráfico. Ese nexo es el que debe determinarse porque supone acciones contrarias a la ley perpetradas en territorio mexicano.
Indagar en cambio si los mexicanos muertos merecían morir y no eran dignos de protección es actitud ilegal, mezquina y torpe.
Por eso se insiste, que ante la muerte de un mexicano, independientemente de donde ocurra y de lo que haga en otro pais, obliga a protestar energicamente por el hecho mismo, asi como exigir explicaciones al agresor, y fincarle responsabilidades en las instancias internacionales correspondientes.
Usted que opina?
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