Con el telón de fondo de las negociaciones en torno al contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se concretó un acuerdo entre la autoridad de ese organismo, encabezada por Juan Molinar Horcasitas, y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que acabaría por cercenar importantes derechos laborales de los futuros empleados de la institución, sobre todo respecto de las condiciones de jubilación.
Entre otras cosas, el convenio estipula la conversión de las pensiones en fondos de ahorro individuales, similares a las Afore, lo que les garantizaría, en el mejor de los casos, un pago apenas equivalente a 30 por ciento de su último sueldo. Es decir, se plantea una división entre trabajadores de primera y de segunda, por llamarlo de algún modo: los que gozan de los beneficios del actual régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) y que, por tanto, recibirán íntegro el equivalente a su último salario una vez que se hayan jubilado, y los que sean contratados en lo sucesivo, quienes, no obstante desempeñar funciones iguales, percibirán una pensión mucho menor a la de los primeros.
Resulta difícil comprender la aprobación de la dirigencia gremial a un acuerdo que vulnera los derechos laborales si no es como una rendición ante los designios neoliberales del actual gobierno. Desde esta perspectiva, es inaceptable que tanto los líderes sindicales como las autoridades del IMSS hayan ocultado a los trabajadores de la institución, y a la opinión pública en general, la existencia del acuerdo mencionado.
El Seguro Social es una institución de suma importancia para el país. A la base de su fundación se encuentra el reconocimiento del derecho de la clase trabajadora y de sus familias a acceder a servicios de salud públicos y de calidad. En la actualidad, a pesar de la acuciante situación financiera, que se traduce en condiciones adversas por la insuficiencia de materiales y de infraestructura para los servicios, los empleados del instituto mantienen éste a flote y atienden a millones de derechohabientes. Por tanto, es insoslayable la necesidad de que mejoren las circunstancias en las que se prestan los servicios de salud, pero esto no debe ocurrir en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la institución.
El accionar del grupo gobernante en torno a la situación del IMSS ha dado cuenta de su incongruencia para resolver la problemática. El propio Molinar Horcasitas ha rehusado en repetidas ocasiones incrementar el monto de las cuotas obrero-patronales, con el argumento de que tal medida afectaría a la clase trabajadora, pues desincentivaría la creación de empleos; sin embargo, no parece importarle que se degraden las conquistas sindicales de los empleados del Seguro Social, como lo es el actual RJP, que ha sido esgrimido, desde los tiempos del foxismo, como una de las principales causas del déficit financiero de la institución. Por lo demás, es claro que no hay voluntad real por parte de las autoridades federales para hacer que los grupos empresariales colaboren con el rescate de la institución: su política al respecto parece reducirse a sacrificar los derechos de los trabajadores y no tocar los intereses de los patrones.
Es fundamental para el país que el IMSS sobreviva a las embestidas y a la lógica privatizadora de los gobiernos neoliberales. El rescate de la institución requiere de la participación y el compromiso del gobierno federal, el sector empresarial y los trabajadores, no del ensañamiento y el atropello en contra de los derechos de, nosotros,los trabajadores.
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