México, D.F., 20 de junio (apro-cimac).- Eduardo Miranda, presidente de la Unión Nacional de Juristas, informó hoy que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Red de Abogados por los Derechos Humanos y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras agrupaciones, interpondrán una denuncia contra la ley del ISSSTE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para exigir al gobierno mexicano que restituya los derechos humanos, laborales y sociales de los burócratas. Miranda Esquivel recordó que después de cuatro días de sesiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el nuevo régimen de pensiones, incluido el llamado Pensionissste. La nueva ley, que entró en vigor el 1 de abril de 2007 y contra la que se ampararon 2.5 millones de trabajadores, prevé el aumento en la edad y en el tiempo que deberán cubrir los afiliados para poder jubilarse. Así, las mujeres deberán jubilarse a los 58 años y los hombres a los 60.Con la anterior ley, independientemente de la edad sólo se exigía la cotización de 30 años de servicio en el caso de los varones y 28 años para las mujeres. Los que decidan jubilarse y reúnan ciertos años de servicio o de edad, y que decidan retirarse antes del 2009, podrán hacerlo casi con iguales derechos que con la ley derogada.
La Corte también avaló la eliminación de prestaciones como el acceso a centros vacacionales, tiendas económicas y renta de viviendas. Además de la aprobación del monto máximo de diez salarios mínimos de pensión por riesgo de trabajo en caso de incapacidad total.Y entre los artículos que derogó se encuentra la fracción cuarta del décimo transitorio, que establecía nuevas reglas de jubilación, de tal forma que al trabajador se le exigían cuando menos tres años de antigüedad en el último puesto para que se jubilara con ese salario.También dio marcha atrás al artículo 136, que establecía “candados” para pagarle la viudez al cónyuge de las trabajadoras y trabajadores. Igual suerte corrió el artículo 25, que permitía que el instituto suspendiera los servicios a las y los afiliados en caso de que sus patrones, es decir las dependencias, no enviaran las cuotas durante más de un año.Por otro lado, el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz consideró que con el aval de la Corte a la ley del ISSSTE se favoreció a los intereses de las instituciones privadas y con ello el gobierno federal se deslinda de su responsabilidad de garantizar la seguridad social a los afiliados al instituto.
Dijo que la determinación de la SCJN abre un espacio a los banqueros para que puedan disponer de los recursos de los derechohabientes, aparte que “fija una posición contraria a la seguridad social y la responsabilidad social del Estado”. Opinó que la resolución de la Suprema Corte, sobre declarar como inconstitucionales sólo cinco artículos de la ley, “no resuelve el grave problema” del ISSSTE.Bajo el nuevo régimen, sostuvo, las mujeres afiliadas al instituto, que representan 54% de la base trabajadora, serán las más perjudicadas, pues de por sí perciben salarios inferiores a los de los varones. Esa diferencia, aclaró, repercutirá en el monto de su jubilación que, por lo mismo, será menor. Sin embargo, el laboralista consideró que la determinación de la Corte “no es un proceso irreversible”. Afirma que el Congreso de la Unión tiene ahora la tarea de revertir esta reforma. “No es un capítulo consumado, evidencia únicamente el interés de la Corte en defender los intereses de las instituciones privadas y deslindar al Estado de su responsabilidad de brindar seguridad social a los trabajadores”.
En tanto, Miranda Esquivel reconoció que si bien los burócratas amparados recibieron beneficios, éstos no son suficientes pues no responden a la magnitud del perjuicio de la ley. Sostuvo que la Corte aplicó “justicia por consigna”, es decir, “dejó de escuchar las demandas de los afiliados y de considerar el marco constitucional y conservó su carácter conservador y reaccionario”. Con el presidente de la Unión de Juristas de México coincidió Antonio Vital, de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. El dirigente afirmó que la nueva norma “pasa por encima de la Constitución y afecta y desaparece los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de 50 años”.Advirtió: “No sólo afecta a los 2.5 millones de burócratas amparados, sino a los 15 millones de derechohabientes y sus familias, al desaparecer la seguridad social por un sistema de ahorro individual manejado por la banca privada”.
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