El inicio de la campaña de vacunación frente al virus A/H1N1 ha desatado el debate sobre la negativa de los médicos y otros profesionales sanitarios a seguir estas recomendaciones. Desconcertados, los pacientes se preguntan si les conviene aceptar algo que rechazan quienes les atienden. Sin embargo, las reticencias de la mayoría de quienes trabajan en los hospitales y centros de salud españoles tienen poco que ver con la seguridad y mucho con la tradicional resistencia de los galenos a protegerse frente a la gripe estacional. Cinco doctores rebeldes y otros tantos individuos que van a vacunarse han explicado las razones que han guiado su decisión. Algunos lo consideran una responsabilidad. Otros simplemente no. Si la pregunta de moda hace unos meses era "¿estás en un grupo de riesgo?", ahora ha pasado a ser "¿te vas a vacunar?". Antes se contaban por millones quienes querían pertenecer al colectivo de personas con derecho a recibir el pinchazo frente al virus A/H1N1, pero en estos momentos son muchos los pacientes que, a pesar de presentar enfermedades que les hacen más proclives a sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe A, dudan sobre la conveniencia de ser inmunizados. ¿Qué ha motivado este cambio de parecer? Pasada la alarma inicial, la ciudadanía ha tomado conciencia de que se trata de una enfermedad leve, con una mortalidad inferior, incluso, a la de la gripe estacional. A esa constatación se une una percepción de que la vacuna no es del todo segura y la creencia de que, si muchos profesionales sanitarios no se la van a poner, por algo será. No obstante, la mayoría de los médicos y enfermeras reticentes a inmunizarse alegan que se trata de una decisión personal que no responde a las características del producto, que ha pasado todos los controles sanitarios. En definitiva, señalan que sí se vacunarían si tuviesen algún factor de riesgo (enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, obesidad mórbida...).
Gripe estacional
Muchos expertos se han llevado las manos a la cabeza al comprobar el escaso porcentaje de trabajadores de la sanidad que están dispuestos a inocularse la vacuna. Sin embargo, la cifra de objetores de esta temporada será muy similar a la de quienes declinan protegerse frente a los virus gripales que nos visitan cada año: entre el 60% y el 70%. Las encuestas más optimistas señalan que en torno a la mitad de los sanitarios se vacunará frente a la nueva gripe, pero otras reducen la cifra a apenas el 30% o, incluso, menos. Sanidad adquirió un total de 37 millones del producto porque en un principio se pensó que iban a ser necesarios dos pinchazos para cada persona. Los ensayos clínicos han demostrado que sólo se precisa uno. Por lo tanto, únicamente se emplearán 10 millones de unidades para inmunizar a otras tantas personas que pertenecen a grupos de riesgo, entre los que se encuentran, entre otros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los facultativos y el personal de enfermería. Pero, puesto que la vacunación es voluntaria y no goza de demasiados adeptos en ciertos sectores, Sanidad puede encontrarse con unos excedentes de más de 25 millones de viales. Los motivos por los que menos del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud no se vacunan son diversos. No consideran que tengan una probabilidad de transmitir la enfermedad mayor que cualquier otra persona; juzgan que la decisión de incluirlos en la cobertura vacunal responde a intereses más políticos que sanitarios; consideran que el dinero que se ha empleado para este fin podría dedicarse a otras patologías más graves; algunos opinan que el producto no ha sido suficientemente probado en ensayos clínicos.
Responsabilidad ética
La otra cara de la moneda la ofrecen el personal sanitarios que ven escandalosa la actitud de sus colegas rebeldes que se niegan a vacunarse. Estos mencionan que se vacunan para dar ejemplo a sus compañeros de profesión ya que "Somos los que estamos recibiendo a las personas enfermas y podemos ser transmisores de la infección a pacientes mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos". Sanidad podría haber optado por obligar jurídicamente a los sanitarios a inmunizarse, tal y como ha hecho Estados Unidos, para evitar que el sistema sanitario se resienta si contraen la infección muchos trabajadores al mismo tiempo. En todo caso, se trata de un deber "desde el punto de vista ético".
Administración por ley
Aunque se trate de una enfermedad que curse con síntomas leves en la mayoría de los casos, Jovell considera que la sanidad no se puede permitir una epidemia de bajas. "La población no puede llegar a unas urgencias que estén desatendidas", alega.
El carácter benigno de la patología es, precisamente, la principal razón por la que el Ministerio ni siquiera se ha planteado la obligatoriedad de la inmunización. En cambio, Estados Unidos sí que lo ha hecho, para satisfacción de algunos especialistas y disgusto de otros.
Alexandra Stewart, de la Universidad George Washington, comenta en el último número de 'The New England Journal of Medicine' la pertinencia de esta medida. Cree que el Gobierno y los órganos jurídicos deben tener en cuenta la autonomía personal de los profesionales sanitarios, reconocida en la Constitución estadounidense, pero, en caso de que se presenten demandas judiciales, no sería la primera vez que los tribunales dan preferencia a la salud de los pacientes.
Con la información recibida de 16 países, ya se han distribuido 80 millones de dosis de la vacuna, y se a vacunado a 65 millones de personas. En concreto, se han notificado reacciones adversas en una de cada 10.000 vacunaciones; y, de ellas, era grave el 5%. Haciendo cuentas sale que de los 65 millones, ha habido 325 casos en los que ha habido casos preocupantes que investigar. Es decir, un 0,0005%. Ha habido fallecimientos acaecidos después de la vacunación. pero ninguno se ha debido al fármaco.
La Comisión Europea ha autorizado la comercialización en Europa de las dos primeras vacunas contra la gripe A/H1N1. Se trata de Focetria (Novartis) y Pandemrix (GlaxoSmithKline), según ha anunciado en un comunicado el organismo europeo.La decisión se ha tomado después de que la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) 